Normalizar la muerte
Otro periodista fue asesinado en Ecuador. Su nombre era Tomás Beltrán. Vivía en la provincia de Manabí, que entre el viernes y el domingo de la semana pasada registró 19 muertes violentas en solo tres días. Una de ellas fue la de Beltrán, ocurrida el domingo 8 de noviembre, cuando fue acribillado en la puerta de su casa en Calceta, cantón Bolívar, en el momento en que se disponía a guardar su automóvil.
Beltrán dirigía el medio digital Calcetines, donde informaba sobre la realidad local de Calceta. En abril de este año, la Mesa de Protección a Periodistas ya había advertido sobre la escalada de violencia en esa zona y reportó que dos periodistas del mismo medio habían sido asesinados. Además, alertó sobre el mayor riesgo que enfrentaba Beltrán luego de que este presentara, el 2 de abril, una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Muñoz, quien hoy es candidata a la reelección con el apoyo de la lista ADN.
Apenas unas horas después del crimen de Beltrán, en Huaquillas, sicarios asesinaron a Ronald Farfán, candidato a la alcaldía, y a Christian Rugel, aspirante a concejal. El ataque ocurrió en plena calle, frente a transeúntes que tuvieron que arrojarse al suelo para evitar las balas. Tres crímenes en menos de 48 horas que, en cualquier sociedad democrática, habrían paralizado al país. En Ecuador, sin embargo, parecen convertirse solo en tres cifras más dentro de una estadística que ya no sorprende.
Este tipo de violencia no se instaló de la noche a la mañana. Se trata de una demolición progresiva de los umbrales de tolerancia de la sociedad. Hace pocos años, un solo homicidio con saña ocupaba los noticieros y generaba pronunciamientos urgentes de las autoridades. Hoy, el catálogo de barbarie —cuerpos colgados de puentes, masacres en canchas deportivas o restaurantes, balas perdidas que matan niños— apenas altera el ritmo de la opinión pública. Detrás de esta anestesia colectiva hay un mecanismo de supervivencia frente a un Estado que responde con estados de excepción repetidos, patrullajes simbólicos y discursos que se diluyen rápidamente. Cuando la bala alcanza al periodista que denuncia corrupción, al político de provincia que hace campaña en la calle, a la maestra extorsionada o al niño que va camino a la escuela, queda claro que ya no existen perímetros seguros. La violencia se expande, a veces de forma abrupta y otras de manera silenciosa, dejando una sociedad acorralada que opta por bajar la mirada para poder seguir viviendo un día más.