Nombramiento de Fiscal: la democracia exige independencia
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Nombramiento de Fiscal: la democracia exige independencia

El nombramiento de la fiscal general del Estado constituye un proceso de alta relevancia para cualquier país. En el caso de Ecuador, en un momento en que la lucha contra el crimen organizado y las economías ilícitas representan una amenaza constante para la democracia, esta designación adquiere especial importancia. La persona que asuma el cargo deberá investigar los delitos con firmeza y decisión, enfrentar la corrupción —en especial la que proviene de funcionarios públicos— y hacerlo sin distinción, incluso cuando se trate de autoridades en ejercicio del poder.

Para ocupar este puesto no puede tratarse de cualquier persona. Se requiere un profesional idóneo, con integridad personal y, sobre todo, con una característica indispensable: independencia respecto del poder de turno. Solo alguien con esa autonomía puede investigar posibles actos de corrupción en la gestión pública con el mismo rigor hacia el funcionario más poderoso que hacia cualquier otro ciudadano.

Sin embargo, el actual concurso de designación de la fiscal general no ha mantenido la rigurosidad que merece un cargo de esta relevancia. Desde su inicio, el proceso ha recibido serias advertencias sobre su deficiente organización. Veedurías formales y postulantes han denunciado irregularidades, particularmente en las decisiones relacionadas con las impugnaciones, que han sido calificadas de discrecionales. Los informes públicos de los veedores indican que los criterios de eliminación de postulantes han sido esencialmente subjetivos, lo que afectaría los derechos de los concursantes y ha generado múltiples discrepancias sobre la forma en que se ha desarrollado el concurso.

Esta situación genera el riesgo de que la autoridad finalmente designada sea percibida como producto de un proceso cuestionado, lo que le restaría legitimidad desde su origen. Además, la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quedaría aún más debilitada. Preocupa, asimismo, la cercanía al actual régimen de quien encabezaría la lista de los más opcionados, pues la independencia es una condición esencial para el cargo. Ecuador ya vivió una etapa en la que un fiscal afín al poder contribuyó a construir gran parte de la impunidad actual. En democracia, cuando las designaciones de órganos de control se realizan con reglas aplicadas de manera selectiva y sin evaluaciones rigurosas, se corre el riesgo de normalizar decisiones basadas en intereses políticos por sobre los méritos. El país necesita un fiscal con solvencia jurídica, experiencia penal, integridad y credibilidad pública que garantice que la acción de la Fiscalía sea un instrumento de justicia y equidad, y no de poder.

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