Nuevas reglas para pagos con tarjetas de crédito y débito en Ecuador: comercios no podrán cobrar recargos, entre otros cambios
Nuevas condiciones para las operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepago entraron en vigencia en Ecuador tras la emisión de una nueva regulación por parte de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM). Entre las principales disposiciones se establece que los comercios no podrán cobrar recargos a los clientes por el uso de tarjetas y que las tarjetas físicas no deberán contener datos sensibles impresos, como el número de la tarjeta, la fecha de expiración o el código de seguridad (CVV).
La normativa incorpora estándares de seguridad, define requisitos para la incorporación de nuevos participantes en el sistema auxiliar de pagos y unifica criterios sobre transparencia, costos y protección al consumidor. El documento fue dado a conocer este sábado 7 de noviembre. Las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, junto al Banco Central del Ecuador (BCE), fijaron un plazo de seis meses para que las entidades adecuen sus normativas e implementen las nuevas resoluciones.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporacion de la adquirencia no financiera. Esto permitirá que empresas que no forman parte del sistema financiero tradicional, previa autorización del Banco Central, puedan prestar servicios de adquirencia para que los comercios reciban pagos con tarjetas. El objetivo es ampliar las opciones de pago y fomentar la participación de nuevos actores en el ecosistema. Estas empresas deberán contar con un capital mínimo de USD 500.000.
Por su parte, los agregadores de pago, compañías tecnológicas que facilitan cobros en línea, deberán mantener un capital mínimo de USD 250.000, con un plazo de un año para que las firmas que ya operan cumplan con este requisito. Los comercios deberán aceptar tarjetas de diferentes emisores y marcas, tanto físicas como virtuales, y mantener el mismo precio para pagos en efectivo o con tarjeta, incluyendo promociones y descuentos. Los adquirentes tendrán un máximo de cinco días hábiles para liquidar los fondos a los negocios por ventas corrientes. Además, se exige la implementación de mecanismos adicionales de verificación de identidad en compras por internet sin costo para los usuarios, canales de atención 24/7 y la obligación de los emisores de reintegrar los valores en casos de fraude posterior al reporte de pérdida o robo, así como en fallas de seguridad institucionales. La regulación también refuerza la obligación de transparentar costos, intereses y prohíbe expresamente el cobro de intereses sobre intereses.