CIDH: Organizaciones de sociedad civil señalan la falta de protección y presiones contra jueces en Ecuador
La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el período 197 de sesiones, sus cuestionamientos al Gobierno ecuatoriano, centrados principalmente en la independencia judicial y la militarización de los espacios públicos.
En la primera audiencia se abordó la crisis del sistema judicial. Las organizaciones denunciaron procesos irregulares de selección de altas autoridades, la injerencia del crimen organizado, el acoso sistemático a operadores de justicia y las presiones directas contra la Corte Constitucional. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) alertaron que la independencia judicial en Ecuador atraviesa una crisis de carácter estructural, agravada por interferencias políticas, la violencia del crimen organizado y represalias estatales.
La segunda audiencia se centró en la afectación a la institucionalidad democrática y el cierre del espacio cívico. La sociedad civil denunció el uso prolongado de estados de excepción, la militarización de la seguridad, la asfixia financiera a organizaciones no gubernamentales y la persecución a la oposición política y a defensores de derechos humanos.
Representantes del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio del Interior, la Policía y la Asamblea Nacional expusieron su visión sobre la situación judicial. Por su parte, autoridades de las distintas funciones del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE), respondieron a las críticas sobre la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico desde su perspectiva.