El correísmo luce callado y poco efectivo en su defensa a Luisa González, en prisión preventiva por presunto lavado de activos
Mientras los abogados de Luisa González, procesada en el caso Laberinto, delinean estrategias de defensa para la excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, a nivel político las acciones del correísmo para pedir su liberación se han limitado a una serie de actos simbólicos de escasa convocatoria. En lo jurídico, el 27 de octubre el abogado Diego Guarderas formalizó el pedido de apelación a la prisión preventiva dictada contra González en la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de lavado de activos. El jurista reconoció que en este caso es poco probable que la justicia actúe con imparcialidad, pero aseguró que presentará todas las acciones y recursos que la ley permita para procurar su liberación.
Luisa González permanece recluida desde el viernes 23 de octubre en la cárcel de Riobamba, un recinto que, según su defensa, no es de máxima seguridad pero sí cuenta con reglas rigurosas de funcionamiento. El caso Laberinto investiga el presunto origen irregular de unos USD 500.000 que habrían sido utilizados en publicidad electoral durante la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023. Además de la apelación a la prisión preventiva, el abogado analiza todas las estrategias de defensa posibles dentro del marco legal.
El viernes 30 de octubre, el juez Santiago Coba Rodríguez avocó conocimiento de la causa y admitió a trámite el recurso de apelación. El proceso deberá ser sorteado para determinar la competencia en una de las Salas Penales de la Corte Provincial de Pichincha, que será la encargada de resolver la solicitud presentada por Guarderas.
Al interior del correísmo, la defensa política de González se ha enfriado y las futuras acciones para apoyarla apenas se mencionan. Esto responde, en parte, a la baja convocatoria que han tenido las llamadas a movilización y a la seguidilla de detenciones de otros actores políticos acusados de corrupción. El día de su aprehensión, la presidenta de RC, Gabriela Rivadeneira, llamó a una gran movilización en Quito, pero solo se reunieron menos de 100 personas frente a la Unidad de Flagrancia. Tampoco se registraron concentraciones importantes en Guayaquil. En la Asamblea Nacional, la bancada correísta protagonizó breves acciones simbólicas, como desplegar un cartel contra el “secuestro” de la dirigente y abandonar el hemiciclo, además de aprovechar ruedas de prensa para enviar mensajes de apoyo. Una de las gestiones más concretas fue la realizada el 27 de octubre por la asambleísta Eliana Correa, quien informó que dirigentes de RC en Panamá entregaron información sobre la situación de la oposición ecuatoriana al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Édgar Ralón Orellana. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa se mostró escéptico respecto de la efectividad del Sistema Interamericano, al que calificó de sesgado.