Sobre la declaración patrimonial
Esta semana se aprobó una modificación al Código Tributario que reduce de manera importante la sanción por no declarar activos en el exterior. Sin embargo, quienes decidan regularizar su situación mediante esta norma no quedan protegidos frente al Servicio de Rentas Internas (SRI). La información entregada por el propio contribuyente podrá ser utilizada por la autoridad tributaria para determinar impuestos a la renta pendientes, formular cargos por defraudación tributaria o incluso por enriquecimiento privado no justificado. En estos casos, la carga de la prueba se invierte y recae sobre el ciudadano.
Este riesgo existe desde la creación de la obligación de declarar el patrimonio en 2007. En ese entonces ya se advirtió que entregar al Estado información que no era necesaria para cobrar los impuestos vigentes abría la puerta a posibles abusos, incluido el establecimiento futuro de un impuesto al patrimonio. Hoy, esa obligación se justifica oficialmente como una herramienta para combatir el lavado de activos y la delincuencia organizada. No obstante, en la práctica, esta medida choca con la realidad ecuatoriana de filtraciones recurrentes de datos en instituciones públicas.
Ejemplos concretos demuestran esta vulnerabilidad. En 2019, la empresa Novaestrat, fundada por exfuncionarios públicos William Garcés Núñez —exgerente de la Secretaría Nacional de Comunicación— y Agustín Martínez Pástor —exgerente del Banco Nacional de Fomento—, expuso datos personales de 20,8 millones de ecuatorianos, vivos y fallecidos, provenientes del Registro Civil, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y registros de vehículos. En 2020, el portal La Fuente publicó los nombres y patrimonios de las 200 mayores fortunas del país, información extraída de las declaraciones presentadas al SRI para la contribución única de 2016, sin que existieran consecuencias para los responsables.
El coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, ha advertido sobre los peligros de centralizar datos personales en el Estado: “Un Estado que no protege los datos de su gente expone a sus ciudadanos a extorsión, fraude, amenazas y violencia. Y cuando esa exposición se vuelve masiva, la responsabilidad deja de ser individual para convertirse en estructural”. Existen alternativas tecnológicas que permiten detectar patrones de conducta delictiva entre distintas instituciones sin centralizar ni revelar datos personales, preservando así la privacidad financiera, entendida como el control sobre quién accede a información íntima y con qué propósito. Mantener la obligación de declarar el patrimonio también facilita la creación de impuestos al patrimonio, como los aplicados temporalmente tras el terremoto de Manabí en 2016 y durante la pandemia de COVID-19 en 2022-2023, los cuales desalientan el ahorro y la inversión. En 2025, Ecuador captó solo el 0,7 % de la Inversión Extranjera Directa total de la región.