Estas fueron las promesas de dos contratistas que ofrecieron construir una casa en Daule, Guayas, y que jamás entregaron
La Fiscalía logró la sentencia condenatoria contra Luis Fernando J. H., de 39 años, y María Fernanda J. H., de 33 años, por el delito de abuso de confianza. Ambos hermanos fueron condenados el viernes 16 de octubre de 2026 a tres años de prisión, al pago de USD 15.000 cada uno como reparación integral y al pago de una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados a favor del Consejo de la Judicatura.
Los hechos se remontan al 8 de marzo de 2021, cuando Carlos Alberto B. M., un empleado público de 44 años que trabaja en la Fiscalía del Guayas, contrató a los hermanos a través de un anuncio publicado en Instagram. Los siblings se presentaron como arquitecta e ingeniero y ofrecieron construir una vivienda en la urbanización La Joya, etapa Oro, en Daule, con acabados de primer nivel a un precio de USD 450 el metro cuadrado, muy por debajo de los USD 600 que se cotiza habitualmente en el mercado.
Carlos Alberto entregó USD 22.000 en dos abonos: primero USD 13.000 y luego USD 10.000. Según los contratistas, con esos recursos se habían iniciado el cerramiento y las bases. Sin embargo, dos semanas después del segundo pago, la obra fue clausurada por el municipio de Daule por falta de permisos de construcción. Los hermanos nunca retomaron los trabajos ni devolvieron el dinero, pese a que se comprometieron a hacerlo durante una etapa de conciliación.
Peritajes judiciales determinaron que solo se ejecutó el 10% de la obra, equivalente a aproximadamente USD 3.500. Los sentenciados no presentaron facturas, comprobantes ni documentación que justificara el uso de los fondos. Además, quedó establecido que ninguno de los dos posee título profesional registrado en la Senescyt, aunque firmaron el contrato como ingeniero y arquitecta. Luis Fernando J. H. reconoció ante la Fiscalía que solo cuenta con título de bachiller y que opera como persona natural con RUC de actividades de construcción.
El caso se reactivó tras incumplir un acuerdo de conciliación y llegó a juicio oral. Tanto Carlos Alberto B. M. como su padre, Segundo B., dueño del terreno, declararon sobre los perjuicios sufridos, que ascienden a USD 23.000 solo por el monto entregado, y que sumados a gastos de abogados, daños y perjuicios alcanzan los USD 30.000.