Correísmo y ADN chocan en la Asamblea por la fiscalización a los municipios de Quito y Cuenca a puertas de las elecciones seccionales
En menos de 10 días, entre el 15 y el 22 de octubre de 2026, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados aprobaron tres resoluciones para investigar diversas denuncias contra el Municipio de Quito, liderado por Pabel Muñoz. Esto ocurre tras un allanamiento realizado por la Fiscalía a las instalaciones municipales la semana pasada por presunto peculado.
Uno de los pedidos más recientes se presentó el jueves, cuando el asambleísta oficialista Andrés Castillo propuso investigar posibles vulneraciones a los derechos de los trabajadores municipales. Según denuncias, algunos funcionarios habrían sido presionados para entregar dinero a cambio de mantener sus cargos o habrían pagado sumas elevadas para obtener puestos en la municipalidad. El tema aún debe ser votado por el Pleno.
El 20 de octubre, la Asamblea encargó a la Comisión de Fiscalización analizar en 30 días la compra de camiones recolectores de basura realizada en 2024. El pedido se basa en un informe de la Contraloría que detectó fallas mecánicas graves, incumplimiento de requisitos técnicos y omisiones de control, con un perjuicio estimado en USD 786.000.
Cinco días antes, el 15 de octubre, tras las inundaciones provocadas por las lluvias en Quito, se aprobó fiscalizar la construcción del parque Quitopía, que se inundó al día siguiente de su inauguración. A estas investigaciones se suman otras sobre el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad, la supuesta participación de exfuncionarios de la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa y la compra de 60 trolebuses eléctricos que habría generado un perjuicio superior a los USD 2,5 millones.
En paralelo, la Asamblea investiga la contratación de conciertos, festivales y eventos artísticos en el Municipio de Cuenca entre mayo de 2023 y febrero de 2026, cuando estaba al frente Christian Zamora, actual suspendido por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y quien se encuentra en México. El asambleísta Adrián Castro (ADN) señaló inconsistencias en contratos y denuncias de artistas cuyas imágenes fueron usadas en informes de eventos en los que no participaron.
Desde inicios de 2026, la Asamblea ha abierto cerca de una decena de procesos de fiscalización, principalmente contra municipios opositores al gobierno. Esto ha generado críticas de la oposición, que considera estas acciones como una herramienta electoral. El tema también está presente en el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que detectó que el 38% de las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos presentan “alertas”. El Pleno debe decidir si se hacen públicos los nombres de las 95 autoridades, a solo un mes de las elecciones seccionales.
La oposición, representada por el correísta Xavier Lasso, cuestionó duramente estas fiscalizaciones durante la sesión del 20 de octubre, mientras que desde ADN defienden que la Constitución y la ley les otorgan competencia para fiscalizar a todos los funcionarios públicos, incluidos los alcaldes. Sin embargo, la Constitución no menciona expresamente a alcaldes, prefectos ni concejales como sujetos de fiscalización política, y el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) establece que esa función corresponde al Concejo Municipal de cada cantón.