Gobierno ofrece a minera china que invierta en la hidroeléctrica Cardenillo a cambio del permiso para operar nueva mina de cobre
Ecuacorriente, compañía de capitales chinos que opera desde 2019 la mina de cobre a cielo abierto Mirador, ubicada en Zamora Chinchipe, en la Amazonía ecuatoriana, es la destinataria de esta propuesta. Cardenillo forma parte del Plan Maestro de Electricidad y tendría una capacidad de generación de 596 megavatios (MW).
Según explicó Noboa en una entrevista radial en Guayaquil, el Gobierno condicionó la autorización para que la empresa inicie la segunda fase del proyecto minero, conocida como Mirador Norte o Mirador II, a que entregue al Estado ecuatoriano USD 1.000 millones. Esta cifra podría pagarse en efectivo o, de forma parcial, mediante la construcción de la central Cardenillo, cuya inversión el mandatario cifró en USD 600 millones.
Ecuacorriente esperaba iniciar la producción de prueba de Mirador Norte a fines de 2025 y alcanzar producción plena durante 2026. Sin embargo, pese a que las instalaciones están listas desde mayo de 2025, el proyecto se ha retrasado por más de dos años de negociaciones con el Estado sobre el suministro eléctrico que requiere la ampliación.
En 2024, el Gobierno de Noboa condicionó la firma de la adenda contractual a que la empresa construyera una planta hidroeléctrica de autogeneración de 129 MW, tal como establecía el contrato original de 2012. La compañía se negó, argumentando que el Estado debía proveer esa energía. En ese entonces, su vicepresidente, Mauricio Núñez, señaló que los costos habían aumentado significativamente tras 12 años de postergaciones.
Según el portafolio oficial del Viceministerio de Inversiones Público-Privadas, la inversión requerida para Cardenillo asciende a USD 1.680 millones y no USD 600 millones como mencionó el Presidente. De acuerdo con el Plan Maestro de Electricidad, la central debería entrar en operación en 2030, aunque aún no ha sido concesionada.
Ecuacorriente es una de las mayores consumidoras de energía del país. En su fase actual, que opera desde 2019, demanda 83 MW, cifra similar al consumo de la provincia de Los Ríos. Con la segunda fase de Mirador, su requerimiento subiría a 180 MW. Por ello, está entre las empresas obligadas a contar con generación propia según el decreto ejecutivo 32, emitido en junio de 2025.