Pichincha entra en el estado de excepción por 60 días con operaciones especiales y derechos suspendidos
El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones del Ecuador. Entre ellas se encuentra Pichincha , y con esta medida se pretende reforzar los operativos de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.El Decreto Ejecutivo n.° 498 argumenta la decisión en la “grave conmoción interna” relacionada con las actividades de organizaciones criminales. De esta forma, se autoriza el libre despliegue y la ejecución de operaciones del Bloque de Seguridad.La resolución también alcanza a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Las Naves (Bolívar) y La Maná (Cotopaxi).El departamento de Comunicación del Ministerio del Interior afirma que las acciones durante este periodo son de carácter reservado.
Aun así, se estipula que las autoridades podrán efectuar operaciones extraordinarias de seguridad, controles, registros y acciones específicamente dirigidas contra las estructuras delictivas. En ese sentido, el documento recuerda que hay derechos que quedan suspendidos .Entre ellos están la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las jurisdicciones señaladas. Es decir, las fuerzas del orden tienen la potestad de ingresar a viviendas si lo consideran pertinente y acceder a las comunicaciones físicas y virtuales de las personas.
En Quito y en toda Pichincha no rige, por esta vez, un toque de queda.Sin embargo, los uniformados también deben cumplir con ciertos estándares, de acuerdo con el documento. Los allanamientos se ejecutarán cuando existan indicios objetivos y razonables, como la posible presencia de integrantes de grupos delincuenciales o sospechas sobre el almacenamiento de armas, municiones, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización. Las acciones, además, deberán dejar un registro de lo hallado.El decreto responde a las cifras de violencia registradas entre el 16 de agosto y el 10 de septiembre de este año, periodo en el que se contabilizaron 442 homicidios intencionales en las ocho provincias mencionadas.