Asamblea aprueba informe de fiscalización a las cámaras de Segura EP y pide a Fiscalía profundizar la investigación
El Pleno de la Asamblea aprobó el 15 de septiembre el informe de la fiscalización que desarrolló la Comisión de Seguridad al uso que se dio a las cámaras de videovigilancia de Segura EP, en Guayaquil, durante la administración del alcalde Aquiles Alvarez. La presidenta de esa mesa legislativa, Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional (ADN), aseguró que durante la investigación se determinó que el sistema de videovigilancia fue usado con el propósito de perseguir políticamente. El oficialismo argumentó varios hechos para sostener su teoría.
El primero, un correo remitido por el director de Segura EP, Fernando Cornejo, el 20 de noviembre de 2024, para la instalación de una sala espejo en el en la Dirección de Aseo Cantonal, del Palacio Municipal de Guayaquil. Otro hecho, fue una conversación a través de medios virtuales en la que participaron varios dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC), entre ellos el expresidente Rafael Correa, y que fue reconocida por el propio Cornejo. En el audio se escucha a Cornejo a explicar a Correa que "para no levantar sospechas" pidió información sobre el distributivo de los agentes de Tránsito de Guayaquil de los últimos seis meses y no solo de un día, lo que hace presumir que compartía información con el exmandatario.
Este caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en la resolución se pide que dentro de sus competencias, profundice las indagaciones que adelanta en torno al uso y difusión de la información de las cámaras de Segura EP. También, pide tomar acciones a la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Protección de Datos, el ECU911 y a la propia Segura EP para que fortalezca sus protocolos de seguridad y tenga una normativa más robusta para el control interno.
El Pleno dispuso que la Comisión de seguimiento a este caso y solicite a las entidades descritas que, en el plazo de 30 días, desde la notificación informen documentadamente sobre las acciones adoptadas, las medidas implementadas y los avances o resultados obtenidos, desde sus competencias. El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lamentó que en junio tanto la bancada correísta como ADN hayan aprobado esta fiscalización: la primera para que se aborde el caso Porsche y el oficialismo para atacar al alcalde Alvarez. Sin embargo, dijo que con esta decisión ambas bancadas irrespetaron un concepto constitucional básico que es la autonomía política de municipios y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, calificó como "distractores políticos" a este tipo de fiscalizaciones emprendidas por la bancada de ADN, mientras se evita hablar de otros temas que, a su criterio, son más importantes. Veloz mencionó que, por ejemplo, la Asamblea en este momento debería estar tratando la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura (CJ) de desmantelar las unidades judiciales especializadas en casos de corrupción y al crimen organizado. El correísmo considera que el Pleno ya debió haber convocado a la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, para que explique la medida que ha provocado la paralización de algunos casos tratados por esas cortes especializadas.