EE. UU. declara ‘inelegibles para ingresar al país’ a siete exfuncionarios ecuatorianos por presuntos actos de corrupción vinculados a bandas narcoterroristas
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos por su presunta participación en actos de corrupción vinculados a Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas por la Administración Trump el año pasado. La medida -que se conoció la noche de este miércoles, 9 de septiembre de 2026- los declara, junto con sus familiares directos, “inelegibles para ingresar a Estados Unidos”, Esto no es lo mismo que el retiro de la visa. Según el boletín, Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura (CNJ); y Ronald Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal; “habrían abusado de sus antiguos cargos al aceptar sobornos de bandas vinculadas a organizaciones narcoterroristas, a cambio de interferir en procesos judiciales, electorales o públicos en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos”.
Los tres están sentenciados en el caso Metástasis, que investigó una estructura de corrupción judicial en beneficio del fallecido narcotraficante Leandro Norero. El Departamento de Estado también señaló a Pablo Muentes Alarcón, exasambleísta socialcristiano; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de la Corte Provincial del Guayas; y Mayra Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial del Guayas, por presuntamente “aceptar sobornos para interferir en procesos judiciales en beneficio de Los Choneros y el Cártel de Sinaloa, así como de sus facilitadores criminales”.De ellos, Muentes, Gallardo y Marfetán ya fueron sentenciados en Ecuador en el caso Purga, que investigó una red de corrupción judicial en la provincia del Guayas.
Salazar Merchán, en cambio, fue sentenciada en el caso Metástasis; sin embargo, ya cumplió su condena y actualmente se encuentra en libertad.El Departamento de Estado calificó las acciones de los siete exfuncionarios como “actos de corrupción significativa” que habrían tenido “graves efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el narcotráfico y perjudicar a las comunidades estadounidenses”. La cartera diplomática advirtió que: “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y negar la entrada a narcoterroristas, a sus facilitadores corruptos y a sus familiares directos”, y añadió: “A cualquier funcionario extranjero que abuse corruptamente de su cargo público para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos los localizará y los expondrá”.
Dicha declaratoria se produjo pocas horas después de la visita que realizó el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito . (I)