Caso Pruebas Covid-19 | Abdalá Bucaram Ortiz asegura que solicitó el alta médica mientras enfrenta una orden de aprehensión
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz aseguró que solicitó el alta médica en la clínica donde permanece internado por un problema cardíaco en Guayaquil. La casa de salud se encuentra bajo vigilancia de las fuerzas del orden, debido a que el exmandatario enfrenta una orden de aprehensión por el caso Pruebas Covid-19. La movilización de agentes hasta el lugar se debe a que el Tribunal que lleva el proceso ordenó la aprehensión de Bucaram Ortiz por no haberse presentado en seis ocasiones a la audiencia en la que debía escuchar la sentencia.
En este contexto, María Rosa Pulley, esposa del expresidente, presentó un hábeas corpus para evitar que los agentes trasladaran por la fuerza al exmandatario y garantizar su comparecencia a la audiencia. El 7 de septiembre, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó este recurso y reiteró que no existe una amenaza inminente contra los derechos a la vida, la salud y la integridad de Bucaram Ortiz por la ejecución de la orden emitida por el Tribunal del caso Pruebas Covid-19. Dos días después de que se le negara el hábeas corpus, Bucaram Ortiz publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que solicitó el alta médica de la Clínica de Especialidades Borja, en Guayaquil, pese a la posibilidad de presentar "arritmias ventriculares que podrían provocar su muerte".
El expresidente agregó que este 9 de septiembre se reinstalará la audiencia para conocer la sentencia en su contra por el caso Pruebas Covid-19, en la que espera recibir una condena de entre 5 y 7 años de prisión. El exmandatario se deslindó de cualquier responsabilidad suya o de sus hijos en la causa investigada y admitió "que no ha existido ninguna injerencia gubernamental". El caso involucra a Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a otras dos personas, quienes son procesados por presunta delincuencia organizada.
Los hechos están relacionados con la adquisición y comercialización de pruebas de Covid-19, en una trama que involucra a agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito. El 14 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado pidió que se condene al expresidente, a su hijo Jacobo y a las otras dos personas. Sin embargo, debido a la ausencia de Bucaram Ortiz, la audiencia para conocer la sentencia ha sido declarada fallida en seis ocasiones.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar si existen agravantes.