Asamblea plantea cambiar la malla educativa con una nueva materia
La educación ambiental podría adquirir mayor peso dentro de la formación académica en Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto tratar este 9 de septiembre de 2026 un proyecto que propone incorporar contenidos sobre desarrollo sostenible en colegios y universidades.. La iniciativa fue preparada por la Comisión de Biodiversidad y plantea reformas a cuatro cuerpos legales.
Los cambios alcanzarían al sistema educativo, a las instituciones de educación superior y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que asumirían nuevas responsabilidades en materia ambiental.. El documento llegará a segundo debate con Sade Fritschi, exministra del Ambiente, como ponente. En la comisión, el proyecto recibió el respaldo de la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN), mientras los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) lo rechazaron..
La reforma busca articular las disposiciones relacionadas con sostenibilidad, protección de la naturaleza y educación ambiental que actualmente se encuentran distribuidas en diferentes cuerpos legales.. Para alcanzar ese propósito, el proyecto propone implementar de manera “obligatoria y transversal” la Educación para el Desarrollo Sostenible dentro del sistema educativo ecuatoriano.. Esto significa que sus contenidos no necesariamente se limitarían a una asignatura aislada, sino que podrían incorporarse en distintas áreas y niveles de formación, de acuerdo con los lineamientos que posteriormente definan las autoridades educativas..
Si la Asamblea aprueba el proyecto en segundo debate y este supera la etapa de sanción u objeción presidencial, las instituciones responsables tendrán un plazo de seis meses para presentar los lineamientos pedagógicos y la normativa técnica correspondiente.. Además, en el plazo de un año deberá comenzar la implementación progresiva de estos contenidos en el pénsum aprobado por las autoridades de educación.. Lea también|Universidad Central de Quito asigna cupos este 7 de septiembre: ¿qué sigue para los aspirantes?.
El proyecto establece que la Educación para el Desarrollo Sostenible deberá incorporarse en el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Esto implica que los estudiantes deberán terminar la secundaria con conocimientos y competencias relacionados con la sostenibilidad y el cuidado ambiental.. La formación también se extendería a las universidades, con especial énfasis en los primeros años de las carreras destinadas a preparar a futuros profesionales de la educación..
Las entidades encargadas de regular la educación escolar y superior deberán coordinar con el Ministerio del Ambiente y Energía la capacitación continua de los docentes en sostenibilidad y protección ambiental.. El objetivo es que los educadores cuenten con herramientas pedagógicas y conocimientos actualizados para incluir estos contenidos durante el proceso de enseñanza.. La propuesta de la Comisión de Biodiversidad también modifica algunas de las funciones que cumplen los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales en materia de educación ambiental..
Las prefecturas, municipios y juntas parroquiales tendrían la responsabilidad de promover y desarrollar programas de educación ambiental y desarrollo sostenible dentro del ámbito de sus competencias.. Estas iniciativas deberán ejecutarse de manera coordinada con otros GAD, las autoridades nacionales competentes y los actores presentes en cada circunscripción territorial. Los programas también tendrán que sujetarse a la normativa ambiental vigente..
Durante la elaboración del proyecto, la legisladora correísta Verónica Íñiguez solicitó que la reforma incorporara asuntos como justicia climática, transición energética y responsabilidad ambiental de las grandes empresas.. Los cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana que integran la Comisión de Biodiversidad —Pamela Aguirre, Christian Hernández, Manuel Casanova y Franklin Samaniego— votaron en contra del informe.. Por su parte, Mariana Yumbay, de Pachakutik, propuso aprovechar la reforma para reforzar contenidos relacionados con los derechos de la naturaleza, los conocimientos ancestrales y la consulta previa, libre e informada.