El CDH exige que cesen los ataques estadounidenses a embarcaciones ecuatorianas y que se respete el Estado de derecho
Organizaciones de derechos humanos exigieron el lunes 7 de septiembre el cese de los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico supuestamente vinculadas con el narcotráfico y el grupo criminal Los Choneros, y que se respete el Estado de derecho en la detención y procesamiento de los pescadores considerados sospechosos. En un comunicado publicado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y firmado por más de 10 organizaciones, estas expresaron su "profunda preocupación" frente a la escalada de las operaciones marítimas que incluyen un "abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas".
Estos ataques militares se han hecho en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, según el Comando Sur estadounidense y el Ministerio de Defensa. "Los hechos documentados ya no pueden ser tratados como episodios aislados pues existe una secuencia reiterada de intervenciones en rutas marítimas utilizadas habitualmente para faenas de pesca, incluidas aguas internacionales entre la zona económica exclusiva continental del Ecuador y la zona económica exclusiva de Galápagos", explicaron las organizaciones. ''Los grupos hacen un recuento de ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas ocurridos desde enero pasado, incluida la desaparición del barco 'Fiorella' con ocho personas a bordo, pero Estados Unidos y Ecuador solo han reconocido las cinco operaciones realizadas entre finales de agosto y este lunes: las embarcaciones destruidas 'Los Tres Hermanos', 'Conquista 2', 'OM2', 'María Candelaria' y 'Montecristi' este lunes.
Los otros ataques a barcos ecuatorianos en los que se sospecha participaron militares estadounidenses fueron al 'Fiorella', 'Negra Francisca Duarte II', 'Don Maca' y 'Karla Franshesca'. Un informe de la organización Human Rights Watch denunció el pasado mes de julio que las fuerzas armadas estadounidenses están involucradas en los ataques con drones contra el 'Don Maca', 'Negra Francisca' y posiblemente 'Fiorella'. Por su parte, el diario The Washington Post reportó que estos ataques fueron parte de una operación encubierta de la CIA independiente del operativo oficial 'Lanza del sur', que ha dejado al menos 227 muertos en ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre del año pasado.
Las organizaciones ecuatorianas señalaron que, pese a que el Gobierno ecuatoriano asegura que las operaciones en el mar se realizan con base en investigaciones e información de inteligencia, "no existe ningún proceso judicial o investigativo formal que sostengan dichas acusaciones". "La cooperación militar con Estados Unidos no libera al Ecuador de sus obligaciones constitucionales e internacionales. Si existe sospecha de la comisión de un delito, la respuesta compatible con el Estado de derecho es identificar, detener conforme a la ley, garantizar integridad personal y acceso a la defensa, y poner a las personas a disposición de la autoridad competente", agregaron los grupos.
El sábado pasado un juez dejó en libertad sin cargos a 28 pescadores de los barcos 'Conquista 2' y 'OM2' que llegaron a Manta tras ser detenidos en operaciones realizadas por Estados Unidos el miércoles y el jueves. "La sospecha de una actividad ilícita no convierte a una persona en objetivo militar ni habilita la desaparición, la tortura, los tratos crueles o la destrucción automática de sus medios de trabajo", afirmaron los defensores de derechos humanos, que contabilizaron al menos 143 pescadores involucrados en los ataques estadounidenses a las embarcaciones ecuatorianas. Los grupos declararon como persona non grata al jefe del Comando Sur estadounidense, el general Francis L.
Donovan, y pidieron que se investigue en Estados Unidos su posible participación en graves violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales. Además, exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la emisión de medidas cautelares colectivas urgentes a favor de la comunidad pesquera de la provincia de Manabí, de donde provienen los pescadores capturados.