Aprobado proyecto de ley que establece nuevas reglas de control del tránsito y que pone en la mira las competencias de los municipios
La Asamblea Nacional con 87 votos aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, donde establecen nuevas reglas de control a la micromovilidad, fotorradares, peaje unificado y la posibilidad de suspender las competencias de los municipios en materia de tránsito. El único texto que fue excluido del proyecto fue la disposición reformatoria sexta del proyecto que planteaba una multa de hasta el 15 % del salario básico unificado para aquellos motociclistas que prestan el servicio delivery, y que no se registren en el sistema. Pero su exclusión se debió porque ya constaba en la disposición transitoria quinta.Los 87 votos a favor del proyecto vinieron de la bancada Acción Democrática Nacional ( ADN ), los independientes aliados, los representantes del Partido Social Cristiano ( PSC ) y Pachakutik.
En cambio, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra.Entre las reformas aprobadas se destaca mayor presencia policial en el control de la red vial estatal, fortalecimiento del control fronterizo contra el narcotráfico, la obligación de que los motociclistas en el país tengan caso homologado, entre otros aspectos.El debate se extendió por más de cuatro horas. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, afirmó que con este nuevo marco legal se podrá suspender de manera temporal las competencias de aquellos municipios que están coludidos con el crimen organizado. Habló que distintos cantones tienen un parque automotriz de 8.000 vehículos, pero que matriculan anualmente hasta 40.000 vehículos.Destacó que en los allanamientos realizados por el Ministerio del Interior a los cantones de Manta y Durán, se verificó que se emitían 300 matrículas diarias, cuando la capacidad del municipio era de revisar apenas 60.Añadió que en el Ministerio del Interior, por ejemplo, en un allanamiento a una vivienda en Durán encontró 22.000 especies, que correspondían a trámites de los municipios como Atacames, el Distrito Metropolitano de Quito, Balzar, Bucay, Salitre, Playas, Puerto Quito, Vinces, Rumiñahui, Chordelec, Guayaquil, San Vicente, Tosagua y muchos otros municipios, cuyas especies estaban bajo uso y control de bandas del crimen organizado enquistadas en las agencias municipales de tránsito.
La autonomía de los municipios no es impunidad, sentenció.Dijo que para continuar en la lucha contra la corrupción en el tema tránsito, se incluye en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con voz y voto al ministro del Interior o su delegado para garantizar un mayor control.Respecto al tema de los radares, la legisladora Centeno afirmó que está ley pone fin a los radares recaudatorios; es decir, en adelante las empresas que brindan este servicio no recibirán un porcentaje de las multas recaudadas.Destacó que en lo aprobado se otorga el plazo de un año para que la ANT realice una revisión nacional de todos los radares sobre su homologación, validación técnica de sus equipos para que puedan volver a operar y que la competencia para la recaudación y el servicio solo la tendrán los Gobiernos Autónomos Descentralizados tipo A.
“Los radares deben prevenir los siniestros, servir al ciudadano y no ser un negocio de multas”, afirmó.Los conductores que prestan servicios de entrega de bienes y productos a domicilio en motocicleta, conocidos como delivery , pasarán a ser regulados para lo cual deberá fortalecer la identificación de los motociclistas, mejorar las condiciones de seguridad durante las entregas y facilitar el control por parte de las autoridades de tránsito.Según la legisladora Centeno, es necesaria su regulación en virtud de que la delincuencia se ha camuflado a través de repartidores para cometer delitos, asaltos, para hacer microtráfico, para cometer homicidios.
Por ello, la normativa crea el Registro Nacional de Delivery , que esté conectado a una red con todos los municipios y de esta forma “podamos identificar los buenos de los malos”.También se regulan las motocicletas eléctricas, las que en adelante deberán contar con una matrícula, una placa y los conductores deberán portar su licencia. La micromovilidad y escúter también van a ser regulados, en este caso, para poder circular en la parte urbana de las ciudades si bien no se necesitará de una licencia, pero sí de un casco homologado y también la ANT deberá establecer qué requisitos deben cumplir como la colocación de neumáticos adecuados, luces, frontales y traseras.Además, en la reforma se resalta el hecho de que las casas comerciales, en adelante, al momento de vender una moto, deberán entregar obligatoriamente el casco de seguridad homologado que permita identificar de manera visible, legible y reflectante el número de placa de la motocicleta.Finalmente, para la modernización de los sistemas de tránsito se crea el Registro Único Vehicular, es decir, que toda la información del vehículo esté de forma digital y de fácil acceso administrada por las autoridades de control en conjunto con la Policía Nacional, el ECU911 y la ANT.Además, la presencia de cámaras obligatorias en todos los transportes públicos como un derecho de los pasajeros para poder tener una mejor percepción de seguridad.
Para las personas con discapacidad también semáforos con señal sonora, sobre todo personas no videntes y espacios para personas con discapacidad.Las reformas aprobadas también incluyen el sistema único de peajes que deberá ser interoperable y tiene el plazo de un año la ANT para implementarlo. Durante el debate los legisladores de la RC, hicieron algunas observaciones a la propuesta. Héctor Rodríguez se refirió a l as competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados , pues dijo que la reforma invita a la centralización del manejo del transporte urbano, lo cual es un retroceso, porque es un municipio el que decide sobre rutas de tránsito y movilidad, decisiones que requieren de un conocimiento profundo del territorio.La segunda observación se refiere a la seguridad de motocicletas, donde a su criterio dijo que no solo basta que el casco esté homologado, sino también certificado.
Por lo tanto, se debe obligar al usuario a utilizar el seguro del instrumento de protección. El legislador del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano destacó que regular los delivery es uno de los temas altamente positivos para darle un poco de seguridad al pueblo ecuatoriano, principalmente a aquellos que se benefician de este servicio y que se ha convertido lamentablemente también en un instrumento para cometer delitos. Así como el control de carreteras por parte de la Policía Nacional es positivo.Lo que cuestionó fue el plazo de 180 días para que la ANT y el Ministerio del Interior hagan un análisis de lo que está pasando en las agencias de tránsito municipal, lo cual, dijo que es imposible.
Serrano observó la disposición derogatoria tercera que a su vez deroga la disposición general 35 del Cootad, que se refiere a que los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán a través de sus ordenanzas determinar un porcentaje de reducción de las multas y recargos a favor de la ciudadanía. Dijo que con esta derogatoria, se pretende quitar la competencia a los municipios del país. Recordó que esta reforma nació en su momento con el COVID-19, donde muchos municipios redujeron las multas, pero resulta que ahora con la llegada del fenómeno del Niño, no podrán hacer uso de esta facultad de bajar multas frente a una emergencia.
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