Caso Blindado: siete personas, incluidos jueces, y tres empresas reciben medidas cautelares por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado amplió la investigación del caso ‘Blindado’ con la vinculación de siete personas (casi todos jueces) y tres empresas por presunto lavado de activos. La jueza nacional Daniella Camacho dictó medidas cautelares contra los nuevos procesados este 2 de septiembre de 2026. Entre los nuevos procesados están exjueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y un magistrado de la Sala Multicompetente de Atacames.
La Fiscalía sostiene que ellos habrían actuado como coautores dentro de una presunta estructura de lavado de activos que habría utilizado decisiones judiciales para favorecer a empresas relacionadas con el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. La jueza que lleva la causa dictó para los siete nuevos vinculados la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de un dispositivo de vigilancia (grillete electrónico). En tanto que las tres personas jurídicas incorporadas al proceso tendrán intervención de la Superintendencia de Compañías, medida que fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por la jueza.
El Ministerio Público también pidió la retención de cuentas por hasta USD 380.000. Según la Fiscalía, los ahora procesados habrían actuado de manera conjunta y coordinada con servidores públicos, familiares y particulares, mediante el uso de estructuras estatales y empresariales, compañías, un consorcio y empresas fachada. En este contexto, habrían incurrido en presunto lavado de activos con fines de cohecho y prevaricato, al ingresar a sus cuentas, de forma inusual e injustificada, aproximadamente USD 9 millones.
Este monto corresponde a la sumatoria de las indemnizaciones establecidas como pago en acciones de protección que contemplaban medidas de reparación económica por valores millonarios. La Fiscalía investiga al menos seis procesos judiciales en los que empresas relacionadas con Villacís habrían obtenido decisiones favorables. Uno de los fallos obligó a Petroecuador a pagar USD 2 millones a una empresa privada de Esmeraldas.
La sentencia fue emitida con los votos de los jueces Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre, quienes ahora forman parte del proceso penal. En otro caso, el juez Simón Bolívar Moreno aceptó una acción de protección en primera instancia y la decisión fue ratificada por los magistrados Genaro Reinoso y Juan Francisco Morales. Ese fallo ordenó a Petroecuador pagar USD 680.000 y devolver cuatro vehículos a otra empresa privada.
La Fiscalía también identificó otras dos decisiones judiciales que habrían generado pagos de USD 555.000 y USD 1,1 millones contra Petroecuador. Durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía pidió prisión preventiva para tres de los nuevos procesados. Sin embargo, la jueza no acogió esa solicitud para los jueces Carlos Aguirre, Simón Moreno y el civil Iván S.
Por ello, la Fiscalía anunció que apelará esa decisión. Para los jueces Genaro Reinoso, Juan Francisco Morales, Juan Jaramillo y Luis Otoya, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario y vigilancia electrónica debido a su edad avanzada. Con las nuevas vinculaciones, el caso suma 15 personas naturales y tres empresas procesadas.
Las tres compañías señaladas mantienen relación societaria y comercial con el alcalde de Esmeraldas.