Caso Progen: Interpol entra en la búsqueda de exfuncionarios investigados

La investigación judicial sobre los contratos firmados durante la crisis eléctrica de 2024 sigue escalando. El conjuez nacional Rodrigo Sarango resolvió vincular a diez personas más al denominado caso Progen, con lo que la causa alcanza más de una treintena de procesados por el presunto delito de peculado relacionado con la contratación de generación térmica para las centrales de El Salitral y Quevedo.. .

La decisión fue adoptada tras varios días de audiencia de vinculación. Además, el magistrado extendió por 30 días la instrucción fiscal para que la Fiscalía continúe recabando elementos dentro de una investigación que busca determinar posibles irregularidades en contratos firmados por Celec con la empresa estadounidense Progen Industries LLC durante los apagones de 2024.. Según la tesis fiscal, los contratos habrían ocasionado un perjuicio al Estado cercano a los $104,4 millones, valor que coincide con el desembolso efectuado por Celec correspondiente al primer hito contractual de los proyectos adjudicados para Salitral y Quevedo..

Entre los nuevos procesados constan Peter Dreher, exasesor del Ministerio de Energía durante las administraciones de Roberto Luque y Antonio Goncalves, y José Manuel de Oliveira Allu, excoordinador jurídico de esa cartera de Estado durante la gestión de Luque.. La Fiscalía sostiene que ambos habrían intervenido en acciones que facilitaron el desarrollo de los procesos contractuales. En el caso de De Oliveira, los investigadores señalaron que la Coordinación Jurídica del Ministerio tenía conocimiento de los procedimientos vinculados a la emergencia eléctrica y que su titular habría participado en reuniones relacionadas con los contratos y posteriores prórrogas..

Para ambos exfuncionarios, el juez dispuso prisión preventiva y la emisión de solicitudes de localización internacional a través de Interpol.. José Walther Manrique Suárez, quien ejercía la representación de Progen en Ecuador.Cristhian Andrés Dahik, exsubgerente jurídico de Termopichincha.Marlon Iván Casilla, administrador del contrato para la central de El Salitral.Luis Javier Ugsha, supervisor de operaciones de Celec.José Luis Sampietro, administrador del contrato de Quevedo.Marcos Alberto Guerrero, administrador del contrato de Progen para la central de Quevedo.Daniela Piedad Gordillo, asesora legal de la Unidad Termopichincha.José Xavier Aimara, exdirector de Planificación y Desarrollo de Proyectos de Celec..

En el caso de Aimara, la Fiscalía lo ubica como uno de los funcionarios que impulsó la declaratoria de emergencia que sirvió como sustento para la contratación de Progen. Su defensa, en cambio, ha argumentado que sus actuaciones fueron exclusivamente técnicas y dentro de sus competencias.. Por su parte, Dahik es señalado por la Fiscalía por su participación en la validación jurídica y técnica de la oferta adjudicada a Progen y en la elaboración de cláusulas contractuales relacionadas con los mecanismos de pago..

La investigación gira alrededor de los contratos de generación térmica firmados durante la emergencia energética de 2024. Según los elementos expuestos por la Fiscalía, se analiza si existieron procedimientos realizados antes de una declaratoria formal de emergencia, observaciones técnicas y jurídicas que habrían sido omitidas, incumplimientos en las especificaciones de los equipos contratados y prórrogas contractuales que presuntamente carecían de sustento.. Te invitamos a leer | Super de Compañías no podía ejercer control sobre Progen: Esto se dijo en Fiscalización.

Además, la entidad investiga las circunstancias en las que se efectuaron pagos que representaron alrededor del 70 % del valor de los contratos para las centrales de Salitral y Quevedo, equivalentes a más de $104 millones. Datos expuestos dentro del proceso señalan que los equipos contratados no llegaron a operar conforme a lo previsto.. Además de las órdenes de prisión preventiva, el conjuez dispuso medidas cautelares de carácter económico.

Entre ellas constan la retención de aproximadamente $27.600 en cuentas bancarias por cada procesado como garantía de multa y la prohibición de enajenar bienes por alrededor de $4,97 millones por persona como eventual garantía de reparación integral, según la información presentada durante la audiencia. También se ordenó la difusión roja de Interpol para varios de los procesados.. Con la ampliación de la instrucción fiscal, la investigación continuará hasta finales de septiembre, periodo en el que la Fiscalía espera consolidar los elementos que sustenten o descarten responsabilidades dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes derivados de la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.