Ley antimafias llega a primer debate este jueves en la Asamblea Nacional: plantea nuevas penas para quienes integren o financien grupos criminales
La ley antimafias llegará este jueves, 27 de agosto, al pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate . La sesión está convocada para las 10:00 y tendrá como segundo punto del orden del día el informe para primer debate del proyecto de “Ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado”.El informe fue aprobado el pasado 24 de agosto por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, con ocho votos a favor y dos abstenciones, estas últimas de legisladores de Revolución Ciudadana (RC).La iniciativa, presentada el 1 de junio por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno , plantea reformas a tres normativas y busca atacar a las organizaciones criminales no solo por los delitos que cometen, sino por la estructura que permite su funcionamiento: sus líderes, financistas, integrantes, colaboradores, redes de apoyo, infraestructura y bienes.Uno de los principales cambios está relacionado con la responsabilidad penal por pertenecer a una organización delictiva .
El proyecto define como delincuencia organizada la actuación de tres o más personas que acuerdan formar una estructura permanente o reiterada para cometer delitos graves y obtener dinero u otros beneficios materiales.Quienes constituyan u organicen una estructura criminal , así como quienes ocupen posiciones de dirección, financiamiento, mando, control, coordinación estratégica o planificación, podrían recibir penas de 22 a 26 años de prisión .Cuando estas organizaciones estén vinculadas con delitos considerados de alto impacto, como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de armas o lavado de activos, las penas podrían llegar de 26 a 30 años .El proyecto también crea la figura del colaborador externo .
Se trata de personas que, sin pertenecer formalmente a una organización criminal, proporcionen de manera consciente una ayuda relevante para que esta pueda operar.La propuesta incluye entre estas conductas la entrega de asesoría técnica, contable, financiera o tecnológica, información, documentos, conocimientos o recursos económicos, siempre que exista conocimiento de la finalidad delictiva.Para estos casos se plantea una pena de 10 a 13 años de prisión .La propuesta aclara, sin embargo, que la prestación lícita de servicios profesionales, incluida la defensa técnica de una persona dentro de un proceso judicial, no será considerada por sí sola colaboración externa.Otra de las nuevas figuras apunta al reclutamiento de personas para organizaciones criminales .
Quienes capten, induzcan, incorporen o entrenen a mayores de edad para realizar labores operativas, logísticas, de vigilancia, transporte, comunicación, abastecimiento o ejecución de delitos podrían recibir de 10 a 13 años de prisión .La pena aumentaría a entre 13 y 16 años cuando el reclutamiento se realice aprovechando relaciones de autoridad, poder, confianza, cuidado o dependencia.También se sancionaría a quienes faciliten casas, locales, vehículos u otros espacios o medios para las actividades de una organización criminal, con conocimiento de su finalidad. La pena propuesta es de 10 a 13 años , y podría aumentar cuando estos lugares sean utilizados para ocultar armas, drogas, explosivos, maquinaria vinculada con minería ilegal, personas retenidas o dinero proveniente de actividades ilícitas.La propuesta busca además sancionar a quienes cumplan funciones para mantener operativa una estructura criminal, como vigilancia, control de accesos, comunicaciones, transporte, protección de rutas o enlace entre integrantes.Otro eje de la ley es atacar el patrimonio de las organizaciones criminales .
Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio permitirían la venta anticipada de determinados bienes incautados cuando sean perecibles, puedan deteriorarse o perder significativamente su valor, o cuando mantenerlos genere gastos desproporcionados.El dinero obtenido permanecería bajo custodia hasta que exista una decisión judicial definitiva. La iniciativa también contempla la posibilidad de entregar provisionalmente determinados bienes incautados para fines sociales, comunitarios, productivos, educativos, sanitarios, culturales o ambientales.Además, se plantean reformas en materia hidrocarburífera para endurecer las sanciones cuando exista distribución ilegal de combustibles en dos o más provincias y la conducta tenga como finalidad beneficiar a un grupo de delincuencia organizada.El proyecto contiene veinticinco artículos, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final .
Tras el primer debate de este jueves, los legisladores podrán formular observaciones y la comisión deberá continuar con el trámite antes de que la propuesta vuelva al pleno para su segundo y definitivo debate. (I)