Judicatura abre un ‘sumario disciplinario’ contra juez ponente del caso contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otros dos acusados por delincuencia organizada

Una serie de diferimientos que han impedido que no se conozca la resolución dentro del caso denominado Pruebas Covid-19, en el que se investiga por delincuencia organizada al expresidente Abdalá Bucaram Ortíz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, al israleí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro Berrones, genera que el Consejo de la Judicatura (CJ) abra un sumario administrativo para investigar al juez ponente del Tribunal de Juicio, Gandhy Cervantes, ante posibles infracciones.El último diferimiento en este proceso penal que arrancó formalmente en agosto de 2020 se dio el 7 de agosto pasado. Ese día se determinó la ausencia en la diligencia de la perito traductora Carolina Ruíz y del abogado Diego Córdova, defensor del exagente Berrones.

Por la inasistencia el juez Cervantes multó a ambos con dos Salarios Básicos Unificados, dispuso como nueva fecha para la audiencia el 26 de agosto y ordenó que se garantice la asistencia de las partes procesales con el uso de la fuerza pública.Esta diligencia ya venía de ser declarada fallida el 3 de agosto último, debido a que el ponente de la Sala de Juzgamiento no asistió a la audiencia convocada. También existieron otras dos convocatorias que terminaron siendo diferidas, las cuales inicialmente estuvieron definidas para a inicios de junio último y el 2 de julio pasado. En julio la diligencia se difirió por pedido de la defensa del exmandatario ecuatoriano.

Mediante un comunicado, la Dirección Provincial del CJ, en el ámbito disciplinario, informó hace unos días del inicio de oficio un sumario disciplinario contra Gandhy Cervantes, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito, por sus actuaciones dentro de la causa penal relacionada con el caso conocido como “Pruebas COVID-Bucaram”. “La decisión se sustenta en el informe número (...) remitido por la Dirección Nacional de Transferencia de Gestión del CJ, en el que se identificó una prolongación en la fase final del proceso de juzgamiento. De acuerdo con el informe, el 14 de mayo de 2026, el tribunal suspendió la diligencia para mantenerse en deliberación y anunció que comunicaría su decisión final en los primeros días de junio.

Posteriormente, se registraron nuevas convocatorias para el 2 de julio, el 3, 7 y 26 de agosto de 2026, sin que hasta la fecha se haya emitido la resolución respectiva”,reseña el comunicado.Según la Judicatura en Pichincha, el sumario disciplinario permitirá determinar si existe o no una infracción disciplinaria con base en las actuaciones y pruebas que correspondan. Desde la institución aseguraron que se garantizará el debido proceso a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del servidor judicial, conforme a la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. La audiencia de juzgamiento se encuentra suspendida desde el 14 de marzo pasado, fecha en la que se dio la exposición de los alegatos de cierre de la Fiscalía y los cuatro acusados.

En ese momento los jueces penales Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello, integrantes del Tribunal de Juicio, entraron a deliberar sobre argumentos expuestos, los que les servirán para tomar una decisión de primera instancia.La etapa de juzgamiento se instaló el 11 de abril de 2025 y estuvo abierta por casi un año debido a los constantes diferimientos por diversos incidentes procesales. Algo más de 20 días no consecutivos duró el juicio en la que la fiscal de la causa, Lidia Sarabia, presentó su prueba para fundamentar una teoría que habla de que los procesados estaban involucrados con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas, 21.0000 pruebas rápidas para diagnosticar Covid-19 y otros insumos.

Según Sarabia, los cuatro procesados son acusados de, entre marzo y octubre de 2020, haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas a la negociación de pruebas para la detección de Covid-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, dijo la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria. Para sustentar la participación en el delito de delincuencia organizada del expresidente, de Jacobo Bucarán, Leandro Berrones y Sheinman Oren, Sarabia presentó los testimonios de 50 personas entre peritos y testigos, así como pruebas documentales.

En su alegato final, la fiscal Sarabia acusó a los procesados de colaborar con la estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos para la comercialización de 21 pruebas para la detección de COVID y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria. “Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia del tribunal consideraron que esta organización movilizó bienes y servicios públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito. Según la investigación, Leandro B.(Berrones) custodió y brindó seguridad a Sheinman O.

(Oren) y Shy D. (+) durante el traslado de las pruebas hasta el domicilio de Abdalá B. O.

(Bucarám Ortiz), en Guayaquil. Este último, además de las pruebas de Covid-19, almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas, para la toma de muestras. Jacobo B.

P. (Bucaram Pulley) pagó $ 321. 600 en efectivo por esta mercadería, según la versión rendida por Shy D.

(+) en Santa Elena. Días después, fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral”, anotó la Fiscalía en un comunicado.En octubre de 2021 el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro Berrones, el israleí Sheinman Oren y la peruana Orietta Isabel Marengo fueron llamados a juicio por el juez Geovanny Freire, y, para diciembre de ese mismo año se sumaron a esa lista Abdalá y Jacobo Bucaram,quienes inicialmente recibieron un sobreseimiento..Marengo tenía la etapa de juzgamiento en suspenso, debido a que estaba prófuga de la justicia. Eso cambió en marzo pasado, debido a que la ciudadana peruana llegó a Ecuador dentro de un proceso de extradición que se dio entre el 23 y el 26 de marzo pasado.

Al momento se encuentra a la espera de que se defina la audiencia para juzgarla. (I)