Qué investiga la Fiscalía en el caso Triple A

El caso Triple A ya superó la etapa de investigación y se encuentra a la espera de una decisión judicial. La Fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas y pidió que 15 personas naturales y seis empresas sean declaradas culpables por una presunta comercialización ilegal de combustibles. Situación del alcalde Aquiles Álvarez El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figura entre los procesados.

Tras finalizar los alegatos el domingo 2 de agosto de 2026, el Tribunal entró en deliberación. La Fiscalía informó que la audiencia se reinstalará el jueves 6 de agosto, a las 11:00 horas, en el Complejo Judicial Norte de Quito. ¿Cómo habría funcionado el presunto desvío?

La investigación comenzó después de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. El reporte alertó sobre diferencias entre el combustible despachado y el facturado por estaciones de servicio y empresas comercializadoras. La tesis de la Fiscalía sostiene que combustibles subsidiados, especialmente diésel, habrían sido comercializados en segmentos diferentes de aquellos para los que estaban autorizados.

Parte del producto habría terminado en actividades industriales y marítimas, donde no correspondía aplicar el mismo subsidio estatal. Irregularidades detectadas Los análisis también detectaron compras que no coincidían con la capacidad de almacenamiento de algunas estaciones. En uno de los casos expuestos, un establecimiento habría adquirido más de siete millones de galones pese a contar con espacio para almacenar cerca de 10 000.

La acusación incluye otros hallazgos: registros de venta de diésel y gasolina extra para un mismo vehículo y operaciones asociadas con placas inexistentes. Estas irregularidades constan en la información oficial difundida por la Fiscalía. Perjuicio económico investigado El presunto perjuicio investigado supera los 61 millones de dólares.

Según los cálculos presentados por la Fiscalía, las operaciones investigadas abarcarían 22 777 191,80 galones de diésel y gasolina. El supuesto perjuicio económico para el Estado ascendería a 61 502 658,39 dólares. Compañías procesadas Fuelcorp Copedesa Corpalubri Ternape Petroleum Indudiesel Harsajudi S.A.

La Fiscalía sostiene que sus representantes, propietarios y trabajadores conocían o participaban en las operaciones investigadas. Estado del juicio Inicialmente fueron llamadas a juicio 16 personas naturales y seis jurídicas. Sin embargo, el proceso quedó suspendido para Fernando Viteri Henriques después de que el Tribunal lo declarara prófugo, por lo que el juzgamiento continuó contra 15 personas y las seis empresas.

Cargos y defensas La acusación se tramita por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía detalla aquí el llamamiento a juicio. Durante su alegato final, la fiscal Ruth Amoroso atribuyó la calidad de autores directos a siete personas, entre ellas Aquiles Álvarez.

Otras siete fueron acusadas como coautoras y una como cómplice. Para los señalados como autores, la Fiscalía solicitó una pena de seis años y nueve meses de prisión, tras pedir la aplicación de circunstancias agravantes. También requirió multas, reparación integral y la disolución y clausura definitiva de las seis compañías.

Rechazo a las acusaciones La defensa de Aquiles Álvarez rechazó la acusación y sostuvo que su condición de representante legal de empresas no demuestra por sí sola una participación delictiva. El alcalde también negó haber intervenido en un esquema de desvío de combustibles. El Tribunal deberá determinar si las pruebas presentadas sustentan la acusación fiscal o si corresponde ratificar la inocencia de los procesados.