"No nos van a intimidar": Evo Morales sobre orden de captura en su contra tras las protestas en Bolivia
La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026 para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La orden, dictada el 28 de julio por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares. La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. El expresidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados.
No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo "dos caminos" ante los conflictos, "militarizar" el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días. Tras conocer la orden de captura en su contra, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que las autoridades no le "van a intimidar". "Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado", escribió en su cuenta de X.
A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarle "de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".